El Derecho Civil Patrimonial comprende conflictos relacionados con contratos, obligaciones, bienes, patrimonio, responsabilidad civil, relaciones societarias y otras situaciones que pueden generar consecuencias económicas para las personas o empresas.

La procedencia de una nulidad depende de la naturaleza del acto o contrato y de los antecedentes del caso. Es necesario revisar cómo se celebró, las obligaciones involucradas y las circunstancias que pueden afectar su validez o eficacia jurídica.

La nulidad cuestiona la validez jurídica de un acto o contrato por determinadas circunstancias reconocidas por la ley. La simulación, en cambio, se relaciona con la existencia de una apariencia jurídica que puede no corresponder a la realidad del negocio celebrado. La procedencia de una u otra acción depende de los antecedentes concretos.

La indemnización de perjuicios puede proceder cuando existe un daño jurídicamente resarcible y concurren los requisitos de responsabilidad civil correspondientes. El análisis requiere determinar el origen del daño, la relación entre los hechos y el perjuicio y los demás antecedentes relevantes.

Puede ser necesario solicitar una rendición de cuentas cuando una persona ha administrado bienes, fondos o intereses ajenos y existe la obligación de informar y justificar la gestión realizada. La procedencia depende de la relación jurídica existente y de las circunstancias del caso.

Los conflictos entre socios pueden involucrar administración, participación, aportes, distribución de activos, acuerdos societarios o continuidad de la empresa. Antes de adoptar una medida es recomendable revisar los antecedentes societarios y evaluar sus consecuencias jurídicas y patrimoniales.

La existencia de un embargo requiere revisar el procedimiento judicial, el origen de la obligación, el título que sustenta el cobro y las medidas adoptadas. Las alternativas de defensa dependen de los antecedentes y de la etapa en que se encuentre el procedimiento.

Es recomendable consultar cuando existe un conflicto contractual, patrimonial o societario, cuando se ha recibido una notificación judicial, cuando existe riesgo sobre bienes o patrimonio, o cuando una decisión puede generar consecuencias económicas relevantes.