Dónde se juega tu patrimonio

La mayoría de los conflictos patrimoniales no se ganan con retórica, sino con trazabilidad: quién pagó, cuándo, con qué fondos, bajo qué causa. Cuando un contrato se ataca como ficticio, cuando una herencia se vacía, cuando un embargo amenaza la continuidad de una empresa, la diferencia entre perder y resistir está en reconstruir la realidad económica de los hechos y oponerla, con rigor, a la versión de la contraparte.

Esa es la lógica que aplicamos en toda la firma, llevada al terreno donde más se nota: la defensa del patrimonio.

Nulidad, simulación y defensa de compraventas familiares

Cuando se disputa una herencia, es común que un heredero ataque como «simuladas» las ventas que el causante hizo en vida. Probar que esas ventas fueron reales —y por qué se hicieron— es defensa patrimonial pura. Así abordamos un caso de esta naturaleza:

La contraparte pedía la nulidad de las compraventas de dos inmuebles —uno urbano y un predio rural— y, sobre el principal, la rescisión por lesión enorme, alegando un justo precio superior a $190 millones. Trabajamos la defensa en tres frentes: incorporamos como tercero coadyuvante al vendedor que reconoció haber recibido el precio; impugnamos la pericia de la contraria demostrando un error de superficie que inflaba el valor del inmueble; y acreditamos con prueba testimonial la causa real de las ventas.

El caso refleja nuestra forma de trabajar la simulación: no se litiga negando, se litiga probando la realidad económica de cada operación y devolviendo el conflicto a su verdadera naturaleza. Aquí, lo que se presentaba como un fraude era, en rigor, una rendición de cuentas hereditaria pendiente.

Rendición de cuentas

Quien administra bienes ajenos —un mandatario, un comunero, un albacea, un socio, un administrador— está obligado a rendir cuenta de su gestión. Es una de las acciones más subutilizadas y, a la vez, más poderosas del derecho patrimonial: bien ejecutada, obliga a transparentar cada ingreso, gasto y saldo con respaldo documental. Y a diferencia de la mayoría de los estudios, nosotros no solo la exigimos: la auditamos.

Su fuerza está en entender que la rendición de cuentas no es un solo juicio, sino tres etapas distintas, cada una con su sede y su objetivo:

– Declaración de la obligación de rendir (juicio sumario, Art. 680 N°8 del CPC): se establece judicialmente que el administrador está obligado a rendir, incluso por sobre cláusulas de exoneración que la contraparte creía blindadas.

– Examen material de la cuenta (juicio de cuentas, sede arbitral): se obliga a poner sobre la mesa la foto completa y se audita ítem por ítem qué se cobró, qué se abonó y qué intereses se inventaron.

– Restitución y cobro del saldo (cumplimiento, sede ejecutiva): se ejecuta el saldo definitivo a favor.

Conflictos societarios

Las disputas entre socios rara vez son solo jurídicas: detrás hay retiros, aportes, utilidades y decisiones de gestión que solo se entienden leyendo la contabilidad de la sociedad. Asesoramos y litigamos en conflictos entre socios, exclusión y retiro, impugnación de acuerdos, uso indebido de fondos sociales y, muy especialmente, en la defensa frente a disoluciones y liquidaciones forzadas.

Cuando un socio busca forzar la disolución, el tiempo lo es todo: una liquidación precipitada destruye contratos, empleos y la continuidad del giro. Lo demostramos defendiendo a una empresa de obras cuyo socio al 50% obtuvo en primera instancia la designación exprés de un árbitro para liquidarla de inmediato. En lugar de discutir el fondo, atacamos la validez formal del nombramiento —vía apelación y casación en la forma— por no precisar el asunto ni los puntos sometidos a arbitraje (Art. 234 del COT y Art. 414 del CPC), y sostuvimos que no podía liquidarse sin declarar antes si la renuncia del socio había sido válida, de buena fe y oportuna (Arts. 2108 y 2110 del Código Civil). El resultado: suspendimos la liquidación forzosa por cerca de tres años, protegiendo la continuidad del giro y los contratos con terceros y trabajadores. (Causa actualmente en revisión ante la Corte Suprema.)

Aquí nuestra doble formación —derecho e ingeniería comercial— marca la diferencia: leemos el conflicto societario como lo que es, una disputa jurídica con sustrato financiero, y construimos la estrategia desde ambos planos a la vez.

Liquidación de sociedad conyugal y divorcios de alto patrimonio

No todo divorcio es un trámite. Cuando hay una empresa, inmuebles, participaciones societarias o un patrimonio relevante de por medio, la separación se vuelve un problema patrimonial: cómo se valoriza la sociedad conyugal, cómo se divide el patrimonio empresarial, qué compensación económica corresponde y qué consecuencias tributarias tiene cada movimiento.
Es el mismo análisis que aplicamos a cualquier conflicto patrimonial —leer el activo desde el derecho y desde el número a la vez—, llevado a la liquidación de un régimen conyugal de alta cuantía. Valorizamos, reconstruimos y defendemos el patrimonio en disputa con criterio jurídico y contable.

Defensa patrimonial en juicios ejecutivos

Un embargo mal resistido asfixia a una empresa antes de que se discuta siquiera si la deuda existe. Por eso separamos dos planos que suelen confundirse: la defensa procesal —atacar la validez del juicio— y la defensa patrimonial —proteger los activos que sostienen la operación. Cuando la primera no prospera, la segunda puede salvar a la empresa.

Lo demostramos representando a una constructora cuyos estados de pago, presentes y futuros, habían sido retenidos por un organismo público a instancias de una plataforma de financiamiento: un embargo de más de $180 millones sobre su capital de trabajo. El frente procesal fue rechazado. En paralelo atacamos la naturaleza de los fondos: invocando el artículo 445 N°7 del Código de Procedimiento Civil, acreditamos que eran sumas pagadas a un ejecutor de obras públicas —viviendas sociales financiadas por el Estado— y, por tanto, inembargables. El tribunal acogió el alzamiento, la resolución quedó firme y los fondos se liberaron, preservando la continuidad de giro.

La clave no fue litigar más fuerte, sino en el plano correcto: leer el activo antes que el procedimiento.

Protección del consumidor financiero: fraude y responsabilidad bancaria

Cuando un fraude informático vacía una cuenta, el banco suele invertir la culpa hacia el cliente. La ley dice lo contrario: la institución es el garante profesional de la seguridad y debe probar la culpa grave del usuario por la vía que la propia ley le impone. Litigamos esa asimetría.

Representamos a una clienta —adulta mayor jubilada— que sufrió diecisiete transacciones fraudulentas por cerca de $10 millones en menos de 48 horas. El banco se negó a restituir y la responsabilizó. Construimos la defensa sobre las leyes 20.009 y 19.496: acreditamos que la demanda del banco contra la clienta fue extemporánea —dejándolo sin vía legal para imputarle culpa— y, mediante exhibición forzada de documentos, que carecía de registros de IP, geolocalización y protocolos de alerta frente a movimientos que rompían por completo el patrón histórico de la cuenta. Sin monitoreo, hubo negligencia.

La Corte de Apelaciones de Talca revocó el fallo de primera instancia —que había culpado a la clienta— y condenó al banco a la restitución íntegra de lo defraudado, más de $15 millones por daño emergente y moral, costas, y una multa de 150 UTM. El resultado no nació de litigar el fraude, sino de exigirle al banco el estándar de seguridad que la ley le obliga a tener.

Responsabilidad del Estado por falta de servicio

Cuando un órgano público incumple el estándar que la ley le exige —en salud, una guía clínica obligatoria; en obras, un deber de fiscalización—, ese incumplimiento configura falta de servicio y obliga al Estado a indemnizar. Lo litigamos con la misma lógica patrimonial del resto de la firma: la prueba suele estar en los registros del propio organismo.

Esa capacidad de cruzar el dato administrativo con el deber normativo es la que permite revertir, incluso, una absolución de primera instancia frente al Estado.

Conoce nuestra área de responsabilidad médica y del Estado →