La Ley 21.595 cambió las reglas

La Ley de Delitos Económicos reorganizó por completo el tratamiento penal de la actividad empresarial en Chile. Endureció las penas, restringió las penas sustitutivas —de modo que la cárcel efectiva es hoy un escenario mucho más real—, introdujo multas proporcionales al patrimonio del condenado y reforzó el comiso de las ganancias del delito. En la práctica, un mismo hecho puede tener consecuencias radicalmente distintas según cómo se califique.

Por eso lo primero en toda defensa es determinar en qué categoría se enmarca el caso. La ley distingue cuatro:

1. Delitos económicos «per se» (primera categoría). Son económicos en toda circunstancia, por su propia naturaleza, y enfrentan el mayor rigor del sistema: corrupción entre particulares, uso de información privilegiada, colusión, negociación incompatible.
2. Delitos condicionados (segunda y tercera categoría). Son delitos comunes que escalan a económicos cuando se cometen en el ejercicio de un cargo o en beneficio de una empresa: delitos tributarios, estafa, administración desleal, giro doloso de cheques. Aquí la defensa se juega en analizar si se cumplen —o no— esos requisitos de contexto, porque de ello depende todo el estatuto punitivo aplicable.
3. Delitos de consecuencia (cuarta categoría). Lavado de activos y receptación, que se vuelven económicos cuando el delito base del que provienen los bienes también lo es. La defensa eficaz ataca la configuración del delito base y traza el origen lícito de los fondos.

Saber leer esta arquitectura no es un detalle académico: define si su caso se discute como un asunto grave e ineludible o como una controversia acotada y defendible.

Esa es la lógica que aplicamos en toda la firma, llevada al terreno donde más se nota: la defensa del patrimonio.

Medidas cautelares y prisión preventiva

En los delitos económicos, las primeras horas son decisivas. Una formalización puede venir acompañada de prisión preventiva, arraigo o medidas que congelan cuentas y bienes, paralizando a una persona y a su empresa antes de que exista condena alguna.

Actuamos con urgencia para discutir la procedencia y proporcionalidad de estas medidas, ofrecer cauciones y alternativas menos gravosas, y proteger la continuidad patrimonial mientras se litiga el fondo. La libertad y la operación no pueden quedar suspendidas indefinidamente sobre la base de una imputación.

Estafas, fraudes y administración desleal

La mayoría de las acusaciones de estafa o fraude descansan en una premisa: que existió engaño. Nuestro enfoque consiste en deconstruir esa premisa con análisis económico, demostrando la lógica de negocio real detrás de cada operación y la ausencia del dolo que el tipo penal exige.

En la administración desleal —dirigida a directores, gerentes y ejecutivos acusados de perjudicar el patrimonio que administran—, examinamos cada decisión desde una perspectiva de gestión: lo que la Fiscalía presenta como perjuicio doloso muchas veces es una decisión de negocio legítima, documentable y razonable. Leer el balance y los flujos con criterio contable es, aquí, la diferencia entre una imputación y una absolución.

Querella por delitos económicos: cuando usted es la víctima

No todos los delitos económicos se defienden; muchos se persiguen. Una empresa defraudada por un socio o un ejecutivo, una administración desleal que vació un patrimonio, un giro doloso de cheques: en esos casos la víctima necesita construir el caso, no desarmarlo. Es el mismo análisis forense, en ofensiva. Reconstruimos la operación a partir de los documentos —balances, flujos, facturas, contratos— para sostener la querella y orientar la recuperación del patrimonio.

Delitos tributarios

Las acusaciones por evasión, facturas falsas o planificación fiscal indebida transitan en dos frentes a la vez: el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía. Es un terreno donde nuestra doble especialización rinde al máximo: usamos el dominio del derecho tributario para construir la defensa penal, y viceversa.

Coordinamos la estrategia para que lo que se resuelve en sede administrativa o tributaria no comprometa la posición penal, y al revés. Es la misma capacidad que aplicamos en nuestra asesoría tributaria, llevada al ámbito donde está en juego la libertad.

Giro doloso de cheques

El giro doloso de cheques es uno de los pocos ilícitos que todavía puede derivar en privación de libertad a partir de una deuda. Pero el tipo penal es estricto: la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques exige que el documento se haya girado en pago de una obligación o en comisión de cobranza. Un cheque entregado en garantía queda fuera de esa figura —se desnaturaliza—, y con ello desaparece el delito. No es un problema de prueba del dolo: es atipicidad.

Esa distinción es, muchas veces, toda la defensa. Lo demostramos en una causa donde nuestro representado enfrentaba persecución penal por cheques superiores a $80 millones: acreditamos que habían sido entregados en garantía —no en pago ni en cobranza—, de modo que no concurría el tipo penal. El resultado fue la absolución.

Nuestro objetivo es siempre ese: sacar la libertad del cliente de la ecuación y devolver la discusión al plano patrimonial, donde se litiga en igualdad de condiciones y sin la amenaza penal de por medio.

Tributario y laboral-penal

Existe una zona de frontera donde lo laboral, lo tributario y lo penal se cruzan: remuneraciones y retiros de socios, indemnizaciones, honorarios mal clasificados, pagos que la Fiscalía o el SII pueden leer como simulación o perjuicio. La abordamos con la misma mirada integral del resto de la firma, anticipando cómo un mismo hecho se ve desde cada uno de esos tres ángulos.

Prevención: compliance penal

La Ley 21.595, junto con la Ley 20.393, amplió la responsabilidad penal de las personas jurídicas: hoy una empresa puede ser imputada y sancionada por delitos cometidos en su beneficio. Un Modelo de Prevención de Delitos bien diseñado dejó de ser un trámite y pasó a ser una defensa estructural.

Asesoramos en la prevención de esta responsabilidad —materia sobre la que se centró nuestra investigación académica respecto de los Modelos de Prevención de Delitos ante la Ley 21.595—. Lo desarrollamos en profundidad en nuestra área de compliance y empresa. Conozca más →